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Implicaciones económicas del discurso de toma de posesión de López Obrador

Por Francisco Padilla Catalan

 

El discurso de toma de posesión no tuvo sorpresas, se repitieron los planteamientos de la campaña, en realidad sonaba más como un discurso para obtener votos y no lo que debió haber sido, la descripción del programa de gobierno para lograr los objetivos planteados.  

 

Implicaciones económicas del discurso de toma de posesión de López Obrador

 

La crítica al neoliberalismo y recordar las bondades del desarrollo estabilizador, muestran, sin decirlo claramente, que habrá mayor intervención del estado en la actividad económica.  Hubo algunos planteamientos que van en esa dirección, como restaurar los precios de garantía, fijación de precios a canasta básica y mayor inversión del sector público en el sector energético. 

 

 

Faltó determinar cómo se van a financiar todos los proyectos y programas que se enumeraron.  Por una parte, se anunció una reducción de impuestos en la frontera norte, lo cual va a generar distorsiones en la asignación de recursos de las empresas porque, al igual que anteriormente cuando esa zona tuvo tratamiento fiscal diferenciado, las empresas se van a domiciliar en esa zona, aunque sus plantas productivas estén ubicadas en otro lado. Las facturas saldrán de donde se pagan menos impuestos, no de donde se produce. Esa modificación fiscal implica necesariamente menos ingresos para el gobierno.  Por la otra se afirmó que se mantendrá la disciplina fiscal, que inclusive se va a ir más allá, que solamente se gastará lo que ingrese al gobierno.  Es imposible tener menos ingresos, incrementar los gastos y a la vez mantener o disminuir el déficit del sector público.  Declarar que eliminando la corrupción se tendrán suficientes recursos para financiar todo los programas y proyectos a realizar es una afirmación sin sustento, no se presentó ninguna evidencia que la soporte.  

Se mencionaron la realización de algunos proyectos cuya rentabilidad económica está en duda, como son el caso de la nueva refinería y el tren maya.  Eso lo que refleja es que las decisiones de inversión del gobierno no van a estar sustentadas en análisis costo beneficio sino en criterios políticos y de popularidad.  Ello implica que será más difícil realizar proyectos conjuntos con el sector privado, quien asigna los recursos como debe ser, en función de rentabilidad. 

A pesar de que no se hizo una declaración explicita sobre la reforma energética, de la crítica que hizo de los gobiernos anteriores sobre su política en esta materia, se puede deducir que se va a revertir la reforma.  En el mejor caso se respetarán los contratos establecidos.  Esto, además de afectar el flujo de inversión extranjera en el tiempo, genera una serie de incógnitas particularmente en el sector eléctrico, entre ellas, si los privados que ya generan energía podrán comercializarla o estarán forzados a venderla a CFE como antes.

 

No hubo ningún planteamiento respecto a cuál será la política industrial ni comercial del país.  Tampoco existió un puente para invitar a la iniciativa privada a que incremente sus inversiones, solamente se les dijo que las condiciones del país van a mejorar a pesar de que decisiones que han tomado, como la cancelación del aeropuerto, tienen efectos contrarios.  El discurso, planteó objetivos, pero fue carente en describir los medios para lograrlos, particularmente en el financiamiento de los programas asistenciales que se van a instrumentar. 

 

 

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