La inclusión financiera es la piedra angular para el crecimiento de la información. Con el fin de lograr una mayor inclusión financiera en todo el país. De acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) y el Comité de Educación Financiera (CEF) han presentado la Política Nacional de Inclusión Financiera lo que busca ser el brazo ejecutor para mejorar el crecimiento económico y desarrollar una mejora en el bienestar de la población.
En México el rezago en materia de inclusión financiera ex un tema en donde existen grandes adeudos que tienen las autoridades y las instituciones. Tanto la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y algunas entidades más, han realizado una actualización de una política que se fundamenta en seis objetivos. Estos objetivos se enfocan en facilitar que los usuarios y consumidores de servicios financieros tengan un acceso más simple sobre todo para pequeñas y medianas empresas, así como para incrementar los pagos digitales y aumentar la inclusión financiera.
Los objetivos son los siguientes:
- Facilitar el acceso a productos y servicios financieros para personas y mipymes.
- Incrementar pagos digitales entre la población, comercios, empresas y el gobierno.
- Fortalecer la infraestructura para facilitar el acceso y provisión de productos y servicios financieros.
- Incrementar las competencias económico-financieras de la población.
- Fortalecer el acceso a herramientas de información y a mecanismos de protección financiera.
- Favorecer la inclusión financiera de personas en situación de vulnerabilidad.
Las metas son claras y están bien definidas.
- Se busca que al menos 77% de las personas adultas con cuenten, al menos, con un producto financiero, versus el 68% que existía en el año 2018.
- Por otra parte, se busca que el 65% de las personas adultas cuenten con al menos una cuenta bancaria versus el 47% que existía en el año 2018.
- Se busca que se eleve la cantidad de personas adultas que comparen los servicios financieros antes de contratarlos, llevando la cifra a 35% versus el 29% en el año 2018.
- Elevar a 60 el número de transacciones y transferencias electrónicas per capita que se realizan en México versus 37 que se realizaban en el año 2018.
