La existencia de un marco jurídico apropiado es fundamental para el correcto funcionamiento de los mercados financieros en general.
Lo mismo aplica para los mercados microfinancieros. De hecho, de acuerdo con el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre (CGAP, por sus siglas en inglés), regulaciones prematuras o restrictivas pueden sofocar la innovación en el sector microfinanciero y entorpecer su desarrollo y funcionamiento.
Es por esto que, los gobiernos deben preocuparse por crear un entorno jurídico y reglamentario que estimule la entrada al mercado microfinanciero y la competencia entre las instituciones que ya se encuentran en él. En particular, deben adaptar los marcos normativos de tal forma que se permita a todo tipo de instituciones financieras ofrecer servicios a los pobres.
El marco legal ideal debe tener como objetivos el promover el acceso a los servicios financieros a las personas de bajos ingresos y el continuo mejoramiento de la calidad de esos servicios.
Ni el crecimiento ni la aceptación del movimiento del microcrédito se han visto libres de controversias. Como ocurre con la mayor parte de las iniciativas de desarrollo, sobre todo las que compiten por los escasos recursos de los donantes, hay desacuerdos sobre la función y el concepto del microfinanciamiento. Los tres debates de mayor resonancia son los relacionados con la sostenibilidad financiera de las organizaciones de microfinanciamiento, la orientación selectiva en favor de los más pobres entre los pobres, y la evaluación de los efectos.
Sostenibilidad financiera.
El microcrédito es ofrecido por una gran variedad de organizaciones: desde bancos comerciales a ONG locales, cuyos objetivos van desde la multiplicación de los beneficios hasta la erradicación de la pobreza a largo plazo. Con esta diversidad de objetivos, no es de extrañar que los programas presenten enormes diferencias en cuanto a planteamientos, funciones y filosofía subyacente.
Algunos de los debates demuestran que esta actividad es sólida y está en proceso de maduración, por ejemplo, los relacionados con la evaluación del riesgo crediticio, los sistemas de información adecuados, la respuesta ante las catástrofes naturales, la atención a los refugiados y la supervisión y la evaluación. Sin embargo, se ha observado una diferencia fundamental dentro de este sector en lo que se refiere a la necesidad de prestar más atención a la mitigación de la pobreza o a la sostenibilidad financiera.
Las subvenciones a las OMF han sido tema de debate, y muchos especialistas financieros y donantes insisten en la necesidad de eliminar esas subvenciones. Los partidarios de la atención prioritaria a la sostenibilidad financiera argumentan lo siguiente:
- Resulta más fácil separar las organizaciones y prestatarios que pueden ser financieramente viables de los que no lo son.
- Los limitados recursos de los donantes pueden llegar al mayor número posible de iniciativas de microcrédito viables.
- La dependencia de las subvenciones limita el crecimiento de las OMF.
- Sin incentivos de mercado para recortar los costos, es posible que las ineficiencias se perpetúen indefinidamente.
Los partidarios del objetivo de reducción de la pobreza argumentan así:
- El microcrédito llega a los pobres que no tienen acceso a los servicios financieros basados en el mercado.
- Los programas de microcrédito pueden conseguir las metas sociales más eficientemente que otras formas alternativas de ayuda.
En los últimos años, los grandes donantes han impuestos límites temporales a las subvenciones que ofrecen para programas de microcrédito con la esperanza de que las OMF -sean públicas o privadas- conseguirán con el tiempo la sostenibilidad financiera. En el caso de las organizaciones que reciben ayuda del CGAP ese límite es de cinco años.
