La terrible dupla que forman políticos y banqueros centrales, con frecuencia –y se supone que con buena intención-, toman decisiones que tienen consecuencias perjudiciales. Un “politburó” –aunque esté integrado por los más encumbrados notables e intelectuales de un país-, es incapaz de saber todas las preferencias, necesidades, carencias y gustos individuales de millones de individuos que a cada momento, los van variando.

El  prominente economista catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Jesús Huerta de Soto, abunda al respecto en su “Teoría de la Eficiencia Dinámica”. El economista explica que la eficiencia dinámica está unida de forma indisoluble al concepto de función empresarial, “entendida como la principal impulsora de la creatividad y de la coordinación que surgen espontáneamente en el mercado”.
 
Dicha función empresarial es innata al ser humano, y sus características principales son: transmitir y generar siempre nueva información, ser esencialmente competitiva, creativa, coordinadora y la de ser un proceso que jamás se agota ni detiene.
 
 
De manera que las decisiones tomadas al estilo de la planificación central socialista, irán siempre a ciegas en la dirección que quiere y debe tomar la producción, distribución y consumo de los bienes. Nadie sabe ni puede saber más que el conjunto de seres humanos actuantes, es por eso que donde estos interactúan, el mercado, debe ser libre para no transmitir mensajes tergiversados a los actores económicos e inducirlos (o forzarlos) a tomar decisiones equivocadas.
 
Cuando esto último sucede, el resultado entonces solo puede ser de tragedia. La historia nos ilustra con múltiples ejemplos como el del llamado “Gran Salto Adelante” de la China de Mao. A finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX,  para dar el “gran salto” hacia la industrialización, se implementaron medidas económicas, políticas y sociales en ese país.
 
No se logró ese objetivo, y además, la desviación de factores productivos –sobre todo del campo- hacia un experimento “industrializador”, condujo a una catástrofe que se conoce como la Gran Hambruna China. Decenas de millones de personas perecieron de hambre.
 
Este caso extremo sirve como botón de muestra de los trágicos resultados de querer someter las inmutables leyes de la economía a los caprichos de la política.
 
Todo lo comentado viene al caso porque en México, está por aprobarse una nueva Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE). Este miércoles, en Tapachula, Chis, se ha celebrado el primer Foro Nacional de consulta sobre esta iniciativa del Ejecutivo.
 
El problema principal con la minuta que se debatirá en el Senado –y que ya fue aprobada por los diputados-, es que de nuevo aparecen como los grandes protagonistas los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal.
 
Los empresarios son los grandes ausentes en la minuta, a pesar de ser quienes decidirán si arriesgan o no su capital en una ZEE. Sí, es cierto que se les menciona en algunos rincones de ciertos artículos, pero con un rol por completo secundario.
 
Desde el primer párrafo del Artículo 1. se huele el espíritu intervencionista de la propuesta de Ley, que dice tener por objeto, “en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la planeación, el establecimiento y la operación de las Zonas Económicas Especiales.” Las palabras planear y regular podría sustituirse por “desarrollar el Sur – Sureste por decreto”. Como consecuencia de la presión social derivada de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero surgió esta idea presidencial. No lo olvidemos.
 
En realidad, como está presentada, la LFZEE contempla que puedan acceder a estas áreas especiales los 10 estados “con mayor incidencia” y “número absoluto” de personas en pobreza multidimensional según el Coneval.
 
¿Por qué sólo 10 y no 11, 15, 20 o todos? Por ocurrencia política, nada más.
 
El resto de estados no tendrá acceso a una ZEE, el número 11 en ese ranking de Coneval por ejemplo. El incentivo pues, es hacia abajo, a “estar peor” para ganar un privilegio del centro.
 
Este espacio no pretende analizar aquí toda la iniciativa. Sin embargo, lo que se quiere es llamar la atención sobre lo que consideramos la debilidad más importante de las ZEE propuestas: el hacer a un lado al sector privado. Esto podría derivar en la construcción de enormes y costosos “elefantes blancos”.
 
Una ZEE requiere un decreto del Ejecutivo, antes de eso, la secretaría de Hacienda llevará a cabo un dictamen que deberá contener entre otros requisitos, una “carta de intención” suscrita por los gobiernos estatales y municipales donde se pretenda establecer. 
 
Se realizará un estudio de “prefactibilidad” que contenga una relación de “posibles inversionistas” y se entregará información sobre las necesidades de infraestructura.
 
Tenga la seguridad de que los 10 estados más pobres del país entregarán sus solicitudes cada uno con sus respectivos municipios “estratégicos”. Para eso sólo necesitan entregar una lista de “posibles” (quizá inventados) inversionistas ¡y listo! Pero en la práctica, serán de nuevo los  factores políticos y no solo económicos como debería ser, los que decidan dónde se ubicará una ZEE.
 
Idénticos criterios políticos tomarán la decisión, desde más arriba, si conceden el beneficio o no.
 
Es de esperar que haya una pugna entre estados por conseguir una ZEE, ya que en particular a los gobernadores poco les importará si tienen éxito. Sabrán que en el fondo para sus fines, eso no tiene importancia alguna. Durante el periodo de inversión en infraestructura que les llagará, gozarán de un artificial impulso económico. Lo que venga después de este periodo, les tiene sin cuidado.
 
Por eso lo deseable no es tener una ZEE con temporales ventajas administrativas, fiscales, etc., sino un país que sin privilegios ni excepciones  los conceda de manera generalizada y permanente. 
 
No obstante, ya que la aprobación de la LFZEE es inminente, al menos debería corregirse su error esencial: quien debe asociarse, comprometerse a invertir y desarrollar una ZEE es el sector privado –nacional y extranjero-, no los gobernadores y presidentes municipales. Los empresarios son los que deben hacer la solicitud a la Federación el decreto de ZEE.
 
Mejor que ellos no sabe nadie cuáles son “los sectores industriales que potencialmente puedan instalarse en la Zona”, como exige el numeral IV del Artículo 9 de la minuta de la LFZEE. Además, se daría oportunidad a los dueños de los predios de asociarse de manera privada y participar de los beneficios, en vez de indeseables expropiaciones que tendrían que darse.
 
No basta con tener tres representantes de cámaras empresariales en los Consejos Técnicos de las ZEE ni con “tomar en cuenta” la opinión del sector privado en la elaboración de los Programas de Desarrollo. 
 
No debe ser la secretaría de Hacienda la que tenga la atribución de “coordinar, promover y realizar estudios, análisis, consultas y proyectos para el establecimiento de Zonas” (numeral III del Art. 36). Con la propuesta que aquí exponemos, sale sobrando. Igual la “Comisión Intersecretarial” prevista en el Art. 37 para la “planeación, establecimiento y operación de las Zonas”.
 
No deben arriesgarse los, cada vez más escasos, recursos públicos, sino el capital de los empresarios. Habría así tantas ZEE como fueran rentables para el capital privado en todo México y no solo las tres que ha anunciado el presidente para el Sureste.
 
Luego, las autoridades podrán hacerse cargo de dar todas las facilidades necesarias para el desarrollo de los negocios y sus áreas de influencia. Pretender desarrollar por decreto, terminará en despilfarro de recursos. Un costoso fracaso.
 
Esperemos que los legisladores, pero en particular el gobierno –que es quien mueve los hilos de su partido-, corrijan a tiempo. Llegó el momento.

 

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