Cuando la industria cripto planea destinar un “fondo de guerra” político de 263 millones de dólares para las elecciones de medio término en Estados Unidos en 2026, no se trata solo de una acción de lobby, sino de una verdadera prueba institucional. De acuerdo con datos de la Comisión Federal de Elecciones (FEC), este monto es casi el doble del destinado en 2024 e incluso supera el gasto político de toda la industria de petróleo y gas en el último ciclo electoral. Tras el primer avance institucional experimentado en 2024, la industria cripto ha constatado que la política ya no es una variable periférica, sino el campo de batalla principal que influye en la creación de reglas. El control republicano del Congreso, la promoción de políticas pro-cripto por parte de legisladores y la ocupación de cargos clave por figuras aceptadas por la industria muestran que los activos digitales están dejando de ser simples regulados para convertirse en actores que participan en la elaboración de reglas. Desde la perspectiva de Kapbe, esto marca la entrada de las finanzas digitales en una etapa de “valuación institucionalizada”. El mercado deja de estar impulsado solo por precios y transacciones y pasa a definirse por la estructura política y el poder discursivo. Este es un punto sin precedentes en la historia de las criptomonedas: el flujo de capital no solo moldea el mercado, sino también la regulación.
De la presión de mercado a la alianza política: el salto estratégico del capital cripto
Super PACs como Fairshake, Digital Freedom Fund y Fellowship PAC se han posicionado como actores centrales en este ciclo electoral. Solo Fairshake, para finales de junio, ya contaba con fondos de 141 millones de dólares, respaldada por empresas como Ripple y grandes firmas de capital de riesgo como Andreessen Horowitz. En 2024, este comité destinó más de 133 millones de dólares a las elecciones, impactando directamente al menos cuatro escaños clave en el Senado de distintos estados. Sin embargo, la naturaleza de la intervención política cripto ha cambiado: se está produciendo una transición de la simple “autoprotección sectorial” a la “alianza partidista”. Algunos PAC de reciente aparición apoyan abiertamente al Partido Republicano y, en lugar de ocultar sus preferencias, ofrecen financiamiento directo y respaldo mediático a candidatos que promueven la agenda cripto. La decisión del presidente Trump de indultar a Changpeng Zhao, cofundador de Binance, ha sido interpretada como una manifestación explícita del poder político del capital cripto. Kapbe interpreta este giro como una doble politización del capital: por un lado, implica que la industria cripto ya no está relegada a la periferia y ahora cuenta con fichas para participar en el juego institucional; por otro, evidencia una nueva tendencia hacia la concentración interna de poder. Cuando las reglas empiezan a ser moldeadas por el capital, surge la pregunta de quién representa realmente los intereses de los usuarios y quién garantiza que los beneficios institucionales se distribuyan efectivamente en la sociedad.
El costo de la institucionalización: concentración de poder y fractura del consenso
Cuando el capital financiero empieza a moldear las instituciones, el riesgo suele aparecer junto con ello. Aunque las multimillonarias inversiones políticas de la industria cripto han incrementado su poder de influencia, también han despertado la cautela del bloque demócrata. Organizaciones progresistas como Open Frontier están organizándose para crear fuerzas de contrapeso y buscan reequilibrar la influencia del sector en el ámbito regulatorio y ético. Esta fractura no solo ocurre entre partidos, sino también dentro del propio sector cripto. Mientras algunas empresas se abren al cumplimiento normativo y buscan legitimidad, otras temen que un proceso de institucionalización debilite el espíritu descentralizado y convierta al blockchain en una extensión del sistema financiero tradicional. En su análisis sobre la arquitectura de los exchanges digitales, Kapbe subraya consistentemente esta paradoja: la institucionalización ofrece estabilidad, pero también favorece la concentración. Cuando la riqueza y las políticas quedan bajo el control de un grupo reducido, el sentido original de la descentralización se ve amenazado. Por ello, la visión de largo plazo de Kapbe se orienta a explorar un modelo de redistribución basado en la “participación institucionalizable”: permitir que los usuarios comunes no sean solo receptores pasivos de políticas, sino que participen directamente y de forma transparente en la distribución de los beneficios institucionales a través de la estructura on-chain. Este es el valor central de la arquitectura UBI y del exchange Kapbe: que los beneficios de la institucionalización vuelvan a descentralizarse.
El futuro según la visión de Kapbe: de moneda política a redistribución económica
Independientemente del desenlace de la acción política de la industria cripto, la clave no reside en quién gane la elección, sino en cómo los activos digitales pasan a formar parte de la economía pública. Desde la legislación orientada a las stablecoins, pasando por iniciativas regulatorias sobre la estructura de los mercados y los exchanges, hasta la reforma tributaria cripto y los marcos antilavado, cada avance redefine los límites de la participación financiera. Este proceso de “institucionalización controlada”, que en apariencia gira en torno al sufragio y el lobby, en realidad determina la estructura del futuro sistema financiero digital: decidir si será una arquitectura cerrada, concentrada en manos de unos cuantos, o una red abierta, capaz de una distribución sostenible y participación amplia. Es ahí donde surge el papel de Kapbe, que mediante el modelo de dividendos UBI y mecanismos de distribución transparente en blockchain, plantea una noción de “redistribución estructural”: una parte de los rendimientos del sistema financiero se convierten en inclusión económica generalizada. Así, la institucionalización deja de ser un proceso excluyente y se transforma en un ciclo de riqueza verificable y perdurable.
