¿El Gobierno viola acuerdo previo con empresas al presentar iniciativa para regular el Outsourcing en México?

Aunque todo esto parece ser un simple capricho por parte del sector privado al interpretar este acto como una exclusión deliberada hacia su derecho a ejercer el voto; sin embargo, el contexto del problema engloba en sí mismo un aspecto esencial a considerar en cuanto a la relación entre el Ejecutivo Federal y el Sector Empresarial.

La COPARMEX acusa que, con esta iniciativa, el Gobierno no acató el Convenio número 144 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual promueve la relación tripartita (entre el obrero, el patrón y el Estado) para asegurar que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.

 

A pesar de todo lo anterior mencionado; se espera que la reforma entre en vigor el 1 de enero de 2021; tras lo cual se deberán expedir las reglas y una vez publicadas éstas, las empresas prestadoras de servicios especializados en éste ramo tendrán 6 meses para obtener la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo cual supone un duro golpe a la economía para una gran cantidad de empresas que actualmente cuentan con el esquema de la subcontratación vigente en sus operaciones.

 

Debemos tener en cuenta que en México, la gran mayoría de las empresas utilizan el Outsourcing para simplificar la gestión de Recursos Humanos y para reducir tiempo y costos, tanto en la parte de la administración, como en la de procesos (ésta modalidad está legalmente reconocida en la Ley Federal del Trabajo desde diciembre del 2012); sin embargo, existen muchas otras que se valen del esquema de trabajo que éstas empresas de Outsourcing les proporcionan para la evasión fiscal.

Es debido a ésta situación que la propuesta del Gobierno para reformar el artículo 15 de la L.F.T. (iniciativa para regular el Outsourcing) consiste en implementar un mayor control y supervisión de las actividades en las organizaciones que actúan bajo ésta modalidad, ya que con ello se busca combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación que pretende defraudar a los trabajadores (otorgar menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos), al fisco (retener el impuesto sobre la renta (ISR), pero registrarlo con un sueldo menor para no pagar completo el gravamen)  y a la seguridad social (omitir información con respecto a la determinación del Salario Base de Cotización de los trabajadores).

 

“La violación a las nuevas disposiciones implicará multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.) para este 2020; esos valores van de los $173,760 MXN hasta los $4, 344,000 MXN aprox.”.

 

Si bien es cierto que existe una labor altruista detrás de ésta propuesta, la verdad es que la iniciativa para regular el Outsourcing (presentada este jueves por el Gobierno) no respeta un acuerdo previo entre empresas y el Gobierno (el cual consiste en consultar a las compañías involucradas; tanto en la prestación del servicio de subcontratación, así como la que recibe el mismo), ya que viola el compromiso anteriormente pactado de llevar a cabo una consulta con las organizaciones del sector privado que son afectadas por la reforma a diversas disposiciones expresas en algunas de las legislaciones fiscales más importantes en el país (Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del INFONAVIT, Código Fiscal de la Federación, Ley del I.S.R. y la Ley del I.V.A.) para la elaboración del proyecto.

 

Para que exista un claro entendimiento (en términos macroeconómicos) entre el Gobierno y el sector privado es necesario mantener un ambiente de respeto mutuo y formalidad en cuanto a los acuerdos previamente negociados; esto con el fin de garantizar un balance óptimo del sector empresarial en la búsqueda del crecimiento nacional.

 

 

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