Acuerdos Conclusivos 101: Introducción general a los Acuerdos Conclusivos

Español:

Los Acuerdos Conclusivos constituyen el mecanismo alternativo de solución de controversias más relevante del sistema tributario mexicano. Incorporados al Código Fiscal de la Federación mediante la reforma de 2013 y perfeccionados en diversas actualizaciones posteriores, se regulan en los artículos 69-C al 69-H del propio Código y representan una vía extrajudicial que permite resolver, de forma definitiva e inimpugnable, las diferencias surgidas durante el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

El artículo 69-C define al Acuerdo Conclusivo como el arreglo que celebran la autoridad fiscal —el Servicio de Administración Tributaria o las entidades federativas coordinadas— y el contribuyente, con la intervención obligatoria y mediadora de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), con el objeto de dar por terminados, total o parcialmente, los procedimientos de fiscalización respecto de los hechos u omisiones detectados en visitas domiciliarias, revisiones de gabinete o revisiones electrónicas (artículo 42, fracciones II, III y IX del CFF).

Su finalidad esencial es evitar la prolongada tramitación de los medios de defensa contenciosos —ya sea ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o mediante el juicio de amparo—, ofreciendo una solución rápida, equitativa y jurídicamente segura. Entre los beneficios más destacados se encuentran la reducción o condonación total de multas (hasta el 100 %), la posibilidad de pago en parcialidades o diferido de las contribuciones omitidas y, en su caso, la modificación o eliminación de créditos fiscales, todo ello sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

El artículo 69-D establece las condiciones precisas bajo las cuales el contribuyente puede optar por esta vía alternativa. En primer término, el procedimiento se aplica cuando el contribuyente es objeto del ejercicio de las facultades de comprobación mencionadas y no está de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, siempre que estos puedan entrañar incumplimiento de disposiciones fiscales. La solicitud debe presentarse ante PRODECON antes de que la autoridad emita la resolución definitiva, suspendiendo los plazos procedimentales correspondientes hasta su resolución.

Adicionalmente, el contribuyente deberá manifestar su voluntad de regularizar su situación fiscal respecto de los hechos u omisiones calificados, ya sea aceptándolos total o parcialmente, o proponiendo una calificación alternativa sustentada en argumentos jurídicos de fondo. En caso de acuerdo, las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u omisiones pactados ni proceder a la vía judicial, salvo que se demuestre falsedad en los supuestos, lo que otorga al Acuerdo Conclusivo una estabilidad equiparable a la cosa juzgada.

El procedimiento se inicia exclusivamente a solicitud del contribuyente ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y se rige por un trámite ágil y altamente formalizado, implementado mediante el Sistema Electrónico de Recepción de Acuerdos Conclusivos (SERAC) desde el 1 de julio de 2024.

La solicitud debe presentarse por escrito o mediante los medios electrónicos habilitados por PRODECON (incluyendo el SERAC) y cumplir estrictamente con los catorce requisitos establecidos en el artículo 105 de los Lineamientos, los cuales garantizan la precisión y completitud de la promoción para facilitar su trámite. Estos requisitos son los siguientes:

I. Dirigida expresamente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
II. Nombre, denominación o razón social del contribuyente.
III. Domicilio fiscal, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), giro o actividad preponderante, o modelo de negocio, adjuntando la Constancia de Situación Fiscal vigente.
IV. En caso de comparecencia mediante representante o apoderado legal, acreditación de la representación mediante escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificada, acompañada de copia de la identificación oficial del solicitante, previo cotejo.
V. Firma autógrafa del contribuyente, su representante o apoderado legal (imprescindible; su ausencia implica no presentación).
VI. Designación, en su caso, de autorizados para recibir notificaciones, correo electrónico, domicilio para efectos notificatorios y número telefónico de contacto.
VII. Datos de identificación de la autoridad revisora, así como de la orden, solicitud o resolución que inició las facultades de comprobación (artículo 42, fracciones II, III y IX del CFF), adjuntando copia simple del documento inicial.
VIII. Datos de identificación del documento donde se consigna la calificación de hechos u omisiones con la que no se está de acuerdo, manifestando que es la última actuación de conocimiento legal (acta parcial, oficio de observaciones o resolución provisional), adjuntando copia simple.
IX. Constancia de notificación del documento referido en el inciso anterior, o la fecha de conocimiento efectivo.
X. Mención e identificación precisa de los hechos u omisiones calificados por la autoridad con los que no se está de acuerdo.
XI. Calificación alternativa propuesta por el contribuyente para dichos hechos u omisiones, con argumentos de fondo y razones jurídicas que la sustenten.
XII. Términos precisos propuestos para el Acuerdo Conclusivo por cada partida incluida en la solicitud.
XIII. Oferta de pruebas, si procediere, ordenadas, enumeradas, completas y legibles (incluso en formato digital), relacionadas expresamente con lo que se pretende acreditar.
XIV. Declaración de comparecencia bajo protesta de decir verdad.

No obstante, cuando el contribuyente acepte íntegramente la calificación de la autoridad y solo busque la reducción de multas (artículo 69-G del CFF), no será necesario cumplir con los incisos X y XI, bastando la manifestación de voluntad de regularización.

Una vez presentada, PRODECON verificará en un plazo máximo de cinco días hábiles la integridad de la solicitud. Si detecta omisiones, emitirá un requerimiento para subsanar en igual plazo, apercibiendo de no admisión o admisión parcial. Admitida la solicitud, PRODECON notificará a la autoridad fiscal, la cual responderá en veinte días con su aceptación, contrapropuesta o rechazo motivado. Seguidamente, PRODECON convocará a una o varias audiencias de conciliación para analizar hechos, exhibir y valorar pruebas, y buscar el consenso, concluyendo el procedimiento en veinte días adicionales.

Si se logra el acuerdo, se suscribe en tres tantos con fuerza de cosa juzgada e inimpugnable, obligando al cumplimiento inmediato (pago o garantía de lo pactado). En caso de desacuerdo, la autoridad prosigue el procedimiento ordinario, preservando al contribuyente sus derechos a medios de defensa tradicionales.

En síntesis, los Acuerdos Conclusivos representan una herramienta estratégica de primer orden para aquellos contribuyentes que, encontrándose en un procedimiento de fiscalización, deseen resolver sus diferencias de manera definitiva, con importantes beneficios económicos y en un plazo significativamente menor al de la vía contenciosa tradicional. Su éxito depende, en gran medida, de la calidad técnica y oportunidad de la solicitud presentada ante PRODECON, cumpliendo rigurosamente con los requisitos del artículo 105 de los Lineamientos.

English:

Conclusive Agreements represent the most relevant alternative dispute resolution mechanism within the Mexican tax system. Introduced into the Federal Tax Code (Código Fiscal de la Federación) through the 2013 reform and subsequently refined in various amendments, they are governed by Articles 69-C to 69-H of the Code. They constitute an extrajudicial procedure that enables the definitive and unchallengeable resolution of disputes arising during the exercise of tax audit powers by fiscal authorities.

Article 69-C defines a Conclusive Agreement as the arrangement entered into between the tax authority —the Tax Administration Service (SAT) or coordinated state entities— and the taxpayer, with the mandatory intervention and mediation of the Taxpayer Defense Ombudsperson (PRODECON). Its purpose is to terminate, in whole or in part, audit procedures concerning facts or omissions identified in home visits, desk audits, or electronic reviews (Article 42, sections II, III, and IX of the Federal Tax Code).

Its essential objective is to avoid the protracted processing of contentious administrative remedies —whether before the Federal Administrative Justice Tribunal or through amparo proceedings— by providing a swift, equitable, and legally secure solution. Among the most significant benefits are the reduction or full waiver of fines (up to 100%), the possibility of paying omitted taxes in installments or on a deferred basis, and, where applicable, the modification or elimination of assessed tax liabilities, all without resorting to judicial proceedings.

Article 69-D establishes the precise conditions under which a taxpayer may pursue this alternative route. The mechanism applies when the taxpayer is subject to the aforementioned audit powers and disagrees with the facts or omissions recorded in the last partial report, final report, observations letter, or provisional resolution, provided such facts or omissions may constitute non-compliance with tax provisions. The request must be filed with PRODECON before the tax authority issues its final resolution, thereby suspending the corresponding procedural deadlines until the matter is resolved.

Additionally, the taxpayer must express its willingness to regularize its tax situation regarding the qualified facts or omissions, either by fully or partially accepting them or by proposing an alternative legal qualification supported by substantive legal arguments. Once an agreement is reached, tax authorities may not disregard the agreed facts or omissions or initiate judicial collection proceedings, except in cases of proven falsity of the underlying assumptions, thereby granting the Conclusive Agreement stability equivalent to res judicata.

The procedure is initiated exclusively at the taxpayer’s request before the Taxpayer Defense Ombudsman (PRODECON) and follows a swift and highly formalized process, implemented through the Electronic System for Receiving Conclusive Agreements (SERAC) as of July 1, 2024.

The request must be submitted in writing or through the electronic means enabled by PRODECON (including SERAC) and must strictly comply with the fourteen requirements set forth in Article 105 of the Guidelines, which ensure the accuracy and completeness of the filing. These requirements are:

I. Expressly addressed to the Taxpayer Defense Ombudsman (PRODECON).
II. Name, corporate name, or business name of the taxpayer.
III. Tax domicile, Federal Taxpayer Registry (RFC) number, main business activity or business model, attaching the current Tax Situation Certificate.
IV. Where the taxpayer appears through a legal representative or attorney-in-fact, proof of authority via public deed or power of attorney signed before two witnesses and ratified, accompanied by a copy of the taxpayer’s official identification (after verification of the original).
V. Handwritten signature of the taxpayer, representative, or attorney-in-fact (mandatory; absence renders the filing nonexistent).
VI. Designation, if any, of persons authorized to receive notifications, email address, address for service of process, and contact telephone number.
VII. Identification details of the auditing authority and of the order, request, or resolution that initiated the audit powers (Article 42, sections II, III, and IX of the Federal Tax Code), attaching a simple copy of the initiating document.
VIII. Identification details of the document containing the qualification of facts or omissions with which the taxpayer disagrees, stating that it is the last known official act (partial report, observations letter, or provisional resolution), attaching a simple copy.
IX. Proof of notification of the document referred to in the preceding item or the date on which the taxpayer became aware of it.
X. Precise mention and identification of the facts or omissions qualified by the authority with which the taxpayer disagrees.
XI. Alternative qualification proposed by the taxpayer for such facts or omissions, supported by substantive arguments and legal reasoning.
XII. Precise terms proposed for the Conclusive Agreement for each item included in the request.
XIII. Offer of evidence, if any, presented in an orderly, numbered, complete, and legible manner (including digital format), expressly related to the facts to be proven.
XIV. Statement that the taxpayer appears under oath to tell the truth.

However, when the taxpayer fully accepts the authority’s qualification and seeks only the reduction of fines (Article 69-G of the Federal Tax Code), compliance with items X and XI is not required; a simple declaration of willingness to regularize is sufficient.

Once filed, PRODECON will verify the completeness of the request within a maximum of five business days. If omissions are detected, a requirement to remedy them will be issued within the same timeframe, with warning of non-admission or partial admission if not complied with. Upon admission, PRODECON notifies the tax authority, which must respond within twenty days with acceptance, a counterproposal, or a reasoned rejection. PRODECON will then convene one or more conciliation hearings to analyze facts, present and evaluate evidence, and seek consensus, concluding the procedure within an additional twenty days.

If agreement is reached, it is executed in triplicate, acquiring the force of res judicata and becoming unchallengeable, requiring immediate compliance (payment or guarantee of the agreed amount). In the absence of agreement, the tax authority resumes the ordinary procedure, preserving the taxpayer’s right to pursue traditional defense remedies.

In summary, Conclusive Agreements represent a first-tier strategic tool for taxpayers undergoing an audit who wish to resolve their disputes definitively, with substantial economic benefits and in a significantly shorter timeframe than traditional contentious proceedings. Success largely depends on the technical quality and timeliness of the request submitted to PRODECON, strictly complying with the requirements of Article 105 of the Guidelines.