Uno de los temas más importantes de los últimos días tiene que ver con la reforma o contrarreforma eléctrica que propone el presidente López Obrador, pues contiene puntos clave que impactan directamente en el ambiente de negocios de nuestro país y en lo atractivo o no que puede lucir México en el ambiente internacional.
Algunos de los puntos que han sido y son polémicos tienen que ver con lo siguiente:
Contempla que todas las actividades que tengan que ver con la electricidad corresponden exclusivamente a la nación (es decir a la Comisión Federal de Electricidad).
Que el aprovechamiento de los recursos naturales usados en la generación de electricidad le corresponde solamente a la nación y serán aprovechados por la misma.
Incluye la desaparición de los órganos reguladores de energía (la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía) y sus tareas serán absorbidas por la Secretaría de Energía.
Se le cancelan al sector privado todos los permisos para generar electricidad, así como los contratos de compra-venta eléctrica.
Lo anterior provocaría un daño a las finanzas públicas porque (como en el caso del Aeropuerto de Texcoco) se tendría que indemnizar a cientos de centrales eléctricas privadas que ya operan en México, porque ello afecta los permisos que ya tenían, así como sus modelos de negocios. Hasta ahora se calcula que el monto que el gobierno tendría que pagar es de unos 44 mil millones de dólares.
En el escenario internacional esto sería visto como una reforma regresiva, porque volveríamos al pasado al año de 1975 donde era imposible que empresarios privados participaran en el sector eléctrico de México.
EU se dice “preocupado”
De acuerdo con datos de la misma Secretaría de Economía, aunque Estados Unidos es uno de los principales inversionistas en la industria eléctrica de nuestro país, en 2021 su capital en el sector bajó 90% en relación a 2018.
Por otro lado, el gobierno estadounidense por medio de su embajada en nuestro país se dice “preocupado” por la discusión en torno al sector eléctrico y el rumbo que esta administración quiere darle a esa industria, y califica esto nomo un “ambiente que pone incertidumbre sobre las inversiones”, lo cual es algo que impacta y preocupa entre las empresas estadounidenses que operan en nuestro país.
¿Qué podrían hacer las empresas afectadas?
Prácticamente no pueden hacer nada porque ante una reforma constitucional no hay medios legales para impugnarla o defenderse de ella, lo único que le quedaría a los afectados es ir a los tribunales nacionales para demandar su derecho a la indemnización conforme a los contratos vigentes, argumentando una expropiación indirecta de sus empresas. En el último de los casos les queda como remedio acudir con organismos árbitros fuera de México aludiendo todos los tratados internacionales que apliquen en esta materia.
