Ya en enero dedicamos dos post a “El Estado policiaco y la guerra contra el efectivo”. En él se explicaron que el poder del Estado intervencionista tiende cada día más a controlar todo en la vida de los ciudadanos. Para ese fin, era indispensable “evolucionar” hacia métodos de pago que acabaran con la confidencialidad de sus operaciones. El pretexto perfecto: el combate a la minoría que se dedica al crimen organizado y al lavado de dinero –aunque cierto sea, que los delincuentes siguen operando siempre a pesar de las restricciones. Lo que en el fondo se pretende, es ampliar la vigilancia sobre la absoluta mayoría de ciudadanos. Esa tendencia, es global.
De esta forma la misma moneda de curso legal de cada país pierde valor por decreto para determinadas transacciones y montos. Por ejemplo, en México, la “Ley Antilavado” de dinero establece límites perjudiciales y prohibiciones al uso de efectivo en actividades que considera “vulnerables”. A propósito, en el Senado la legisladora Blanca Alcalá encabezó las negociaciones que presentan una iniciativa para aflojar esta camisa de fuerza. No obstante, y aunque ya está en comisiones no se ve para cuando pueda caminar en el Congreso.
De este modo, el círculo de complicidad Estado-banqueros se cierra. Cuantas menos operaciones se registren fuera del sistema electrónico bancario, más control habrá sobre los ciudadanos: registro de gastos, lugares y hábitos de compra, pago de impuestos…etc. Mientras tanto, gracias al sistema de reserva fraccionaria, cuantos más recursos cautivos tienen los bancos, más dinero pueden crear para su lucrativo negocio. El sueño de ambos, banqueros y Estado, es un mundo en el que todo movimiento financiero pasa tanto por los ojos como por las manos de estos “Big Brothers”.
Pues bien, esta guerra contra el efectivo –que es en esencia una lucha contra la libertad individual, parte de que todos los que utilicen efectivo pueden ser sospechosos de la comisión de un delito, y de “atentar” contra el Estado o alguna de sus instituciones. Y por supuesto, el criterio a partir del cual se considera cuánto es “mucho” queda en manos de legisladores, funcionarios oficiales y banqueros.
El problema del uso de efectivo –conforme la siguiente etapa de la crisis financiera mundial se aproxima, los está llevando a proponer, de plano, su abolición.
Por ejemplo, Bloomberg mostró hace algunas semanas cómo Willem Buiter, de Citi, aseguraba en un artículo que el efectivo se vuelve una piedra en el zapato de los banqueros centrales, pues imponen un límite de hecho a su política de reducir las tasas de interés para “estimular” la economía. Y es que como ya habíamos explicado aquí también, las políticas laxas de los bancos centrales lo que provocan es el aumento de la especulación, el encarecimiento de los bonos y que las tasas de interés se proyecten a un ámbito de carácter negativo.
Algunos de ellos ya hasta han cobrado y lo siguen haciendo la penalización por tener depósitos. Ante esto, los inversores se preguntan: ¿para qué tener estancado el dinero prestándoselo a alguien que nos devolverá menos? Retirarlo y ponerlo en un lugar seguro se convierte poco a poco en una mejor opción que ya está comenzando a suceder.
Para evitar esto, Buiter propone: abolir el efectivo, remover el tipo de cambio fijo entre éste y los depósitos bancarios y gravarlo con impuestos. Todos son focos amarillos que los ciudadanos no tenemos que perder de vista, ya que nos están adelantando lo que podrían hacer: robarnos en un nuevo frente con todas las de la ley. La eliminación del efectivo, aunque difícil, podría llegar a realizarse en algunos años en países desarrollados, pero en uno como México sería imposible todavía. Esto quiere decir que las naciones que están en desarrollo, en un caso extremo, podrían preferir las opciones dos y tres de la propuesta Buiter.
Su conclusión es que, aunque sí hay desventajas para lo que se pretende, aun son débiles si comparamos con los teóricos beneficios que se obtendrían. Y aunque no lo digan, lo que quieren es presionarnos para gastar nuestro dinero en “beneficio” de la economía, y que su política monetaria funcione como se supone que debería hacerlo.
En este sentido, no sorprende la nota del medio suizo SRF, que en marzo informó cómo un fondo de pensiones pensó evitar la tasa negativa que impusieron sobre los depósitos en ese país, simplemente retirándolos. Un administrador estimó que así, y aun descontando los costos, por cada 10 millones se ahorraría unos 25 mil francos. No obstante, el equipo de investigación de SRF corroboró que ese “gran banco suizo” se negó a hacer la entrega del efectivo en montos tan grandes. El presidente de la asociación de fondos de pensiones, Hanspeter Konrad, se queja de la influencia que el Banco Nacional Suizo está ejerciendo sobre los bancos privados. Según SRF, dicho banco central ha expresado su “recomendación” a los privados para que “tomen las solicitudes de retiro de manera restrictiva”.
Como hemos explicado aquí, las políticas de los banqueros centrales nos seguirán llevando a aguas inexploradas de las tasas de interés negativas en cada vez más países y mercados. De ser así, en lo que respecta a la guerra contra el efectivo, aún no hemos visto nada.
