Advanced Pricing Agreements 101: Introducción General a los APAs

Introducción a los Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APA)

Imaginemos una compañía multinacional cuyas subsidiarias repiten año tras año transacciones consistentes: una entidad en México vende componentes, mercancía o presta servicios a otra relacionada en Estados Unidos, Alemania o cualquier otro país. Los volúmenes son importantes, la naturaleza de las operaciones es la misma, los riesgos y la estructura no cambian… Sin embargo, cada ejercicio fiscal surge la incertidumbre: ¿el precio aplicado será considerado “de mercado” por las autoridades fiscales de uno u otro lado (o de ambos)?

¿Qué pasaría si, en lugar de esperar una auditoría años después para defender si el precio se pactó a valores de mercado, la empresa pudiera sentarse anticipadamente con la autoridad fiscal (o incluso con varias a la vez), exponer su modelo de negocio, presentar su análisis de comparables, acordar la metodología y el rango de precios aceptable… y obtener un compromiso escrito que le otorgue certeza durante varios años?

Eso es, en esencia, un Acuerdo Anticipado de Precios (APA, por sus siglas en inglés: Advance Pricing Agreement).

Los APA son instrumentos de planeación fiscal proactiva que permiten a las empresas multinacionales obtener certeza jurídica previa sobre la correcta aplicación del principio de plena competencia (arm's length) en sus operaciones con partes relacionadas. Funcionan como un “pacto con el fisco” que, una vez aprobado, protege a la compañía frente a ajustes de precios de transferencia durante el periodo acordado (normalmente de 3 a 5 años, con posibilidad de renovación).

Normativa Legal de los Acuerdos de Precios Anticipados en México y Estados Unidos

En México, la regulación de los APA se encuentra principalmente en el Código Fiscal de la Federación (CFF), específicamente en su Artículo 34-A, que faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a celebrar acuerdos con los contribuyentes para determinar de antemano la metodología adecuada para valorar operaciones entre partes relacionadas, asegurando el cumplimiento del principio de plena competencia. Este artículo establece que los APA pueden cubrir periodos fiscales futuros (hasta cinco años) y retroactivos (hasta tres años), con posibilidad de prórroga si se mantienen las condiciones, y deben basarse en un análisis detallado de funciones, activos y riesgos (FAR), utilizando métodos reconocidos como el Precio Comparable no Controlado (MPC), Método del Precio de Reventa (MPR), Método de Costo Adicionado (MCA), Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación (MMTUO) o el Método de Partición de Utilidades (MPU).

El CFF se complementa con la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), que regula las obligaciones generales de precios de transferencia en los Artículos 76-A, 179 y 180, incluyendo la obligación de documentación y las consecuencias de no cumplir con el principio de plena competencia. La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2026 (publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2025) detalla los procedimientos operativos, principalmente en la regla 2.9.8 (consultas en materia de precios de transferencia, que incluye las solicitudes de APA bajo el Artículo 34-A del CFF). Estas normas se alinean con las Directrices de la OCDE sobre Precios de Transferencia (versión 2022, con incorporaciones BEPS).

Desde su introducción formal en 1997, México ha procesado miles de solicitudes de APA, con un auge en la década 2010-2020 impulsado por el nearshoring. Sin embargo, la reforma fiscal 2022 derogó el antepenúltimo párrafo del Artículo 182 de la LISR, eliminando la posibilidad de que las empresas maquiladoras bajo el Programa IMMEX soliciten o renueven APA unilaterales para evitar la constitución de un establecimiento permanente en México. El IMMEX abarca más de 5,500 empresas (INEGI 2025), genera exportaciones superiores a 300 mil millones de dólares anuales y emplea a cerca de 3.2 millones de personas, principalmente en estados fronterizos e industriales.

Desde 2022, no se pueden solicitar nuevos APA unilaterales para maquiladoras IMMEX “puras” (Artículo 181 LISR), aunque los APA existentes (generalmente cubriendo 2020-2024) se respetaron hasta su vencimiento. A partir de 2025, estas empresas deben acogerse obligatoriamente al régimen de Safe Harbor (Artículo 182 LISR), que exige una utilidad fiscal mínima equivalente al mayor entre el 6.9% sobre el valor de los activos operativos o el 6.5% sobre costos y gastos. Esta medida fue criticada por AmCham, COPARMEX y COMCE por reducir flexibilidad en sectores de bajo margen. Las disposiciones transitorias permitieron la continuidad de APA en la industria maquiladora hasta 2024, y el SAT ha impulsado la conversión a APA bilaterales (BAPA) bajo el Artículo 34-A CFF y tratados fiscales, utilizando el “Enfoque Calificado para Maquiladoras” (QMA) 3.0 para periodos 2020-2024 y versiones simplificadas para extender certeza post-2024.

Cabe destacar que recientemente la Autoridad Fiscal Mexicana se destacó en los reportes de la OCDE (Tax Certainty Day Report 2025) por obtener el segundo lugar en “Jurisdicción que más ha mejorado en Acuerdos de Precios de Transferencia” por su excelente gestión y certidumbre entre contribuyentes y autoridad.

En Estados Unidos, la normativa se basa en la Sección 482 del Internal Revenue Code (IRC), que establece el principio de plena competencia desde 1968. El programa es administrado por el Advance Pricing and Mutual Agreement Program (APMA) del IRS (creado en 2012). El Revenue Procedure 2015-41 (actualizado en 2024 y con ajustes en 2026 para Pilar 1 BEPS) regula el proceso, incluyendo conferencias pre-filing. EE.UU. prioriza APA bilaterales y multilaterales en industrias de alto riesgo (tecnología, farmacéutica). Bajo tratados como el T-MEC, EE.UU. ha resuelto más de 2,000 APA desde 1991, con tiempos promedio de 30-40 meses.

Tipos de Acuerdos de Precios Anticipados

Los APA se clasifican en tres tipos principales:

APA Unilateral: Involucra solo a la autoridad fiscal de un país (SAT en México o IRS en EE.UU.). Ofrece certeza local, proceso más ágil (12-24 meses en México) y menor complejidad, pero no protege contra ajustes extranjeros ni doble tributación. Hasta la reforma 2021/2022 eran muy usados por maquiladoras IMMEX;.
APA Bilateral (BAPA): Negociado entre dos autoridades competentes bajo tratados fiscales (ej. SAT-IRS bajo T-MEC). Elimina doble tributación, es el tipo más común globalmente (70% según OCDE 2025) y ha crecido sustancialmente entre México y EU. Tiempos: 24-48 meses.
APA Multilateral (MAPA): Involucra tres o más jurisdicciones (coordinado vía OCDE o FTA). Proporciona certeza integral, pero es raro (<5% global) por complejidad y plazos de hasta 60 meses. En México, ~20 resueltos desde 2015, principalmente en automotriz y energía.

¿Qué contribuyentes deben solicitar un APA?

Los contribuyentes que típicamente solicitan un APA son:

Empresas multinacionales con operaciones intercompañía de alto volumen, recurrentes o complejas (por ejemplo, ventas de bienes, prestación de servicios, licencias de intangibles, préstamos intragrupo, etc.), especialmente cuando representan un riesgo significativo de ajustes fiscales por parte del SAT o autoridades extranjeras.
Grandes contribuyentes (administrados por la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT), ya que suelen tener transacciones que superan umbrales altos y enfrentan mayor escrutinio.
Empresas con transacciones que involucran intangibles de difícil valoración (marcas, patentes, know-how, etc.), cadenas de suministro complejas, o donde existe discrepancia potencial entre jurisdicciones.
Empresas que buscan evitar doble tributación en operaciones transfronterizas, optando por APA bilaterales o multilaterales (BAPA o MAPA).

¿Cuánto cuesta solicitar un APA?

La Ley Federal de Derechos vigente menciona en su artículo 53-G, relativo al trámite de solicitud de resolución, que “Por el estudio y trámite de cada solicitud de resolución relativa a los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad, en operaciones celebradas entre partes relacionadas, se pagarán derechos conforme a la cuota de $310,246.79”.

Mientras que el artículo 53-H indica lo relativo a la revisión anual de las resoluciones: “Por cada revisión del informe anual sobre la aplicación de las resoluciones a que se refiere el artículo anterior, se pagarán derechos conforme a la cuota de $62,049.36”.

¿Ante quién se solicita un APA?

Ante la ACFPT de la AGGC (Administración Central de Fiscalización de Precios de Transferencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes) y la ACAJNH de la AGH (Administración Central de Apoyo Jurídico y Normatividad de Hidrocarburos de la Administración General de Hidrocarburos), a través de la Oficialía de Partes de la AGGC, ubicada en Avenida Hidalgo No. 77, Módulo III, Planta Baja, Colonia Guerrero, C.P. 06300, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 14:30 hrs., conforme a los sujetos de su competencia.

¿Qué se requiere para solicitar un APA?

Los requisitos para solicitar un acuerdo de precios anticipado con la autoridad se encuentran en el trámite 102/CFF del Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal aplicable para 2025 (vigente en transitorio para 2026):

Acude a la Oficialía de Partes correspondiente.
Entrega la documentación solicitada.
Recibe y conserva el escrito libre sellado como acuse de recibo.
La autoridad emitirá la resolución o un requerimiento de información.
Si hay requerimiento, tienes 10 días para cumplirlo (contados desde el día siguiente a la notificación). Si no cumples, la solicitud se tiene por no presentada.
Conforme al art. 37, tercer párrafo del CFF: El plazo para resolver comienza desde que se cumplan los requerimientos.
Una vez cumplidos los requisitos, se emite la resolución (notificada por art. 134 CFF).
Da seguimiento con el folio del acuse en la oficina SAT donde presentaste.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Escrito libre dirigido a la ACFPT de la AGGC o ACAJNH de la AGH (según corresponda), exponiendo elementos relacionados con la consulta. Incluir:

Número de identificación fiscal y país de residencia del contribuyente (indicar si tiene sucursales en territorio nacional).
Nombre, razón social o denominación, número de identificación fiscal o clave en el RFC, país de residencia y domicilio de todas las partes relacionadas residentes en México o en el extranjero que tengan participación directa o indirecta en el capital social del contribuyente, incluyendo a la persona moral de la que sean inmediatamente subsidiarias, definidas en términos de las normas de información financiera y la controladora de último nivel.
Nombre, razón social o denominación, RFC y domicilio de partes relacionadas en México con relación contractual o de negocios, incluyendo establecimientos, sucursales, locales, plataformas, etc., relevantes para la metodología (especialmente en hidrocarburos).
Nombre, razón social o denominación, número de identificación fiscal, domicilio y país de residencia de partes relacionadas en el extranjero con relación contractual o de negocios.
Datos similares para todas las partes relacionadas que puedan involucrarse en la respuesta a la consulta.
Fecha de inicio y terminación de ejercicios fiscales de relacionadas en el extranjero.
Moneda de las operaciones principales con relacionadas.
Descripción de actividades de negocio del grupo: antecedentes, estrategias y perspectivas actuales/futuras; factores que generan utilidades; políticas de precios de transferencia; principales actividades de empresas del grupo (lugares en México/extranjero), operaciones con relacionadas/terceros independientes, estructura organizacional (tenencia accionaria); estados financieros consolidados del ejercicio declarado; análisis de industria (nacional/internacional): comportamiento, evolución, tamaño, competidores, posición, bienes sustitutos, poder de compra, reglamentación, etc.; esquemas de financiamiento global; descripción de intangibles (marcas, know-how, patentes, etc.), incluyendo propietario legal (nombre, país, documentación), empresas donde se reflejan contablemente (por categoría, e.g., mercadotecnia), empresas que desarrollan/mantienen/protegen/explotan intangibles (información financiera por categoría).
Nombre y país de residencia de empresas del grupo que obtengan ingresos/egresos con terceros independientes (especificar montos).
Para la actividad del solicitante (descripción detallada o archivos electrónicos): funciones realizadas, activos empleados, riesgos asumidos; registro de acciones nominativas (art. 128 LGSM); estados financieros y de resultados de al menos 3 ejercicios anteriores, relación de costos/gastos, manifestación de declaraciones anuales ISR (normales/complementarias) de 3 ejercicios anteriores + actual; si dictaminan estados financieros: manifestar fecha de presentación de dictámenes + acuses; contratos/acuerdos/convenios con relacionadas; organigrama operativo (nombres, puestos desde gerenciales, áreas operativas/administrativas, descripción de actividades, lugar geográfico). Personas en organigrama deben autorizarse para notificaciones (art. 19 CFF, con ID oficial); estrategia de negocios (incluyendo reestructuras que migren funciones/activos/riesgos); lista de principales competidores.
Para transacciones objeto de consulta: descripción detallada de funciones, activos, riesgos (por solicitante y relacionadas); método(s) propuesto(s) (art. 180 LISR), criterios de selección/rechazo; información financiera/fiscal real/proyectada de ejercicios solicitados, resultado de aplicar método; operaciones/empresas comparables, ajustes (art. 179 LISR, tercer párrafo); cálculo paso a paso de indicadores de rentabilidad (fórmulas, números, decimales truncados/redondeados); factores influyentes (operaciones grupo/terceros, económicos/políticos/geográficos).
Especificar si relacionadas en extranjero están en revisión fiscal de precios de transferencia (etapa, resoluciones/consultas/sentencias).
Archivo digitalizado: comprobante pago cuota (art. 53-G LFD); documentación que demuestre cumplimiento arts. 27 fracc. XIII, 76 fracc. IX/X/XII, 179/180 LISR (ejercicio actual + 3 anteriores).
Otra documentación requerida por autoridad.
Traducción al español de info en otro idioma.
Instrumento para acreditar personalidad (poder notarial/carta poder ratificada).
Identificación oficial (ver Anexo I, punto 1.2).

Este trámite permite a los contribuyentes solicitar al SAT una resolución anticipada que confirme la metodología y los precios o montos de contraprestación en transacciones controladas, asegurando que cumplan con el principio de valor de mercado. Una vez resuelta, la resolución otorga certeza jurídica por el ejercicio solicitado, el anterior inmediato y hasta 3 posteriores (ampliable en casos de tratados internacionales para evitar doble tributación).

Esto reduce drásticamente el riesgo de ajustes fiscales, auditorías prolongadas, litigios y doble imposición, al tiempo que fomenta una relación cooperativa con la autoridad fiscal.

Los APA son una herramienta esencial para brindar certidumbre fiscal a los grandes contribuyentes en México. En un entorno de creciente fiscalización internacional (reconocida por la OCDE, donde México ha destacado en eficiencia de APA), permiten a multinacionales y empresas con operaciones complejas eliminar incertidumbres, optimizar la planeación tributaria, evitar contingencias millonarias y mejorar la predictibilidad en inversiones y reportes financieros. Para grupos con transacciones relevantes intercompañía, solicitar un APA no es solo una opción defensiva, sino una estrategia proactiva de cumplimiento voluntario y gestión de riesgos que fortalece la estabilidad operativa y la confianza en el sistema fiscal mexicano.

Si estás evaluando uno para tu caso, vale la pena analizar el costo-beneficio, ya que el beneficio en paz y certidumbre fiscal suele superar el arduo esfuerzo documental inicial.

English

Introduction to Advance Pricing Agreements (APAs)

Imagine a multinational company whose subsidiaries repeat consistent transactions year after year: one entity in Mexico sells components, goods, or provides services to another related entity in the United States, Germany, or any other country. The volumes are significant, the nature of the operations remains the same, the risks and structure do not change… Yet, each fiscal year brings uncertainty: Will the applied price be considered “at arm’s length” by the tax authorities on one side, the other, or both?

What if, instead of waiting years for an audit to defend whether the price was set at market values, the company could sit down in advance with the tax authority (or even several at once), explain its business model, present its comparable analysis, agree on the methodology and acceptable price range… and obtain a written commitment that provides certainty for several years?

That is, in essence, an Advance Pricing Agreement (APA).

APAs are proactive tax planning instruments that enable multinational companies to obtain prior legal certainty regarding the correct application of the arm’s length principle in their transactions with related parties. They function as a “pact with the tax authority” that, once approved, protects the company from transfer pricing adjustments during the agreed period (typically 3 to 5 years, with renewal possibilities).

Legal Framework for Advance Pricing Agreements in Mexico and the United States

In Mexico, the regulation of APAs is primarily found in the Federal Tax Code (CFF), specifically in Article 34-A, which empowers the Tax Administration Service (SAT) to enter into agreements with taxpayers to determine in advance the appropriate methodology for valuing transactions between related parties, ensuring compliance with the arm’s length principle. This article allows APAs to cover future fiscal periods (up to five years) and retroactive ones (up to three years), with extensions if conditions remain unchanged, and must be based on a detailed analysis of functions, assets, and risks (FAR), using recognized methods such as the Comparable Uncontrolled Price (CUP), Resale Price Method (RPM), Cost Plus Method (CPM), Transactional Net Margin Method (TNMM, also known as MMTUO), or Profit Split Method (PSM).

The CFF is complemented by the Income Tax Law (LISR), which regulates general transfer pricing obligations in Articles 76-A, 179, and 180, including documentation requirements and consequences for non-compliance with the arm’s length principle. The Miscellaneous Tax Resolution (RMF) for 2026 (published in the DOF on December 28, 2025) details the operational procedures, mainly in Rule 2.9.8 (transfer pricing consultations, which includes APA requests under Article 34-A of the CFF). These rules align with the OECD Transfer Pricing Guidelines (2022 version, incorporating BEPS actions).

Since their formal introduction in 1997, Mexico has processed thousands of APA requests, with a surge in the 2010-2020 decade driven by nearshoring. However, the 2022 tax reform repealed the third-to-last paragraph of Article 182 of the LISR, eliminating the possibility for maquiladora companies under the IMMEX Program to request or renew unilateral APAs to avoid constituting a permanent establishment in Mexico. The IMMEX covers over 5,500 companies (INEGI 2025), generates exports exceeding 300 billion dollars annually, and employs nearly 3.2 million people, mainly in border and industrial states.

Since 2022, new unilateral APAs cannot be requested for “pure” IMMEX maquiladoras (Article 181 LISR), although existing APAs (generally covering 2020-2024) were respected until expiration. Starting in 2025, these companies must mandatorily adopt the Safe Harbor regime (Article 182 LISR), which requires a minimum taxable profit equivalent to the greater of 6.9% on the value of operating assets or 6.5% on costs and expenses. This measure was criticized by AmCham, COPARMEX, and COMCE for reducing flexibility in low-margin sectors. Transitional provisions allowed the continuation of APAs in the maquiladora industry until 2024, and the SAT has promoted conversion to bilateral APAs (BAPAs) under Article 34-A CFF and tax treaties, using the “Qualified Maquiladora Approach” (QMA) 3.0 for periods 2020-2024 and simplified versions to extend certainty post-2024.

Notably, the Mexican Tax Authority recently stood out in OECD reports (Tax Certainty Day Report 2025) for securing second place in “Jurisdiction that has most improved in Transfer Pricing Agreements” due to its excellent management and certainty between taxpayers and authorities.

In the United States, the framework is based on Section 482 of the Internal Revenue Code (IRC), which establishes the arm’s length principle since 1968. The program is administered by the Advance Pricing and Mutual Agreement Program (APMA) of the IRS (created in 2012). Revenue Procedure 2015-41 (updated in 2024 and adjusted in 2026 for BEPS Pillar 1) regulates the process, including pre-filing conferences. The U.S. prioritizes bilateral and multilateral APAs in high-risk industries (technology, pharmaceuticals). Under treaties like the USMCA, the U.S. has resolved over 2,000 APAs since 1991, with average times of 30-40 months and costs of $50,000-113,500 USD (2026 rates) plus legal fees. In 2025, the IRS reported a 20% increase in bilateral requests with Mexico, driven by nearshoring and QMA usage.

Types of Advance Pricing Agreements

APAs are classified into three main types:

Unilateral APA: Involves only the tax authority of one country (SAT in Mexico or IRS in the U.S.). It offers local certainty, a faster process (12-24 months in Mexico), and less complexity, but does not protect against foreign adjustments or double taxation. Until the 2021/2022 reform, they were widely used by IMMEX maquiladoras; no
Bilateral APA (BAPA): Negotiated between two competent authorities under the Mutual Agreement Procedure (MAP) of tax treaties (e.g., SAT-IRS under USMCA). It eliminates double taxation, is the most common type globally (70% according to OECD 2025),s.
Multilateral APA (MAPA): Involves three or more jurisdictions (coordinated via OECD or FTA). It provides comprehensive certainty but is rare (<5% globally) due to complexity and timelines up to 60 months. In Mexico, about 20 resolved since 2015, mainly in automotive and energy.

Who Should Apply for an APA?

Taxpayers who typically apply for an APA include:

Multinational companies with high-volume, recurring, or complex intercompany transactions (e.g., sales of goods, provision of services, intangible licenses, intragroup loans, etc.), especially when they pose a significant risk of fiscal adjustments by the SAT or foreign authorities.
Large taxpayers (administered by the SAT’s General Administration of Large Taxpayers), as they often have transactions exceeding high thresholds and face greater scrutiny.
Companies with transactions involving hard-to-value intangibles (brands, patents, know-how, etc.), complex supply chains, or potential discrepancies between jurisdictions.
Companies seeking to avoid double taxation in cross-border operations, opting for bilateral or multilateral APAs (BAPAs or MAPAs).

How Much Does It Cost to Apply for an APA?

The current Federal Law of Fees states in Article 53-G, regarding the resolution request process: “For the study and processing of each request for resolution related to prices, amounts of considerations, or profit margins in transactions between related parties, fees shall be paid according to the rate of $310,246.79.”

Meanwhile, Article 53-H addresses the annual review of resolutions: “For each review of the annual report on the application of the resolutions referred to in the previous article, fees shall be paid according to the rate of $62,049.36.”

Where to Apply for an APA?

Before the ACFPT of the AGGC (Central Administration of Transfer Pricing Audit of the General Administration of Large Taxpayers) and the ACAJNH of the AGH (Central Administration of Legal Support and Hydrocarbons Regulations of the General Administration of Hydrocarbons), through the AGGC Official Registry Office, located at Avenida Hidalgo No. 77, Module III, Ground Floor, Colonia Guerrero, C.P. 06300, Cuauhtémoc Borough, Mexico City, with office hours from Monday to Friday, 08:00 to 14:30 hrs., in accordance with the subjects under its competence.

What Is Required to Apply for an APA?

The requirements to request an advance pricing agreement with the authority are found in procedure 102/CFF of Annex 1-A of the Miscellaneous Tax Resolution applicable for 2025 (transitionally in force for 2026):

Attend the corresponding Official Registry Office.
Submit the requested documentation.
Receive and keep the stamped free-form document as proof of receipt.
The authority will issue the resolution or a request for information.
If there is a request, you have 10 days to comply (counted from the day following notification). If not complied with, the request is deemed not filed.
Pursuant to Article 37, third paragraph of the CFF: The resolution period begins once the requirements are fulfilled.
Once the requirements are met, the resolution is issued (notified under Article 134 CFF).
Track with the receipt folio at the SAT office where it was filed.

What Requirements Must Be Met?

A free-form document addressed to the ACFPT of the AGGC or ACAJNH of the AGH (as applicable), complying with Article 18-A CFF, setting out the elements related to the consultation. Include:

Tax identification number and country of residence of the taxpayer (indicate if it has branches in national territory).
Name, corporate name or denomination, tax identification number or RFC key, country of residence, and address of all related parties resident in Mexico or abroad that have direct or indirect participation in the taxpayer’s capital stock, including the legal entity of which they are immediate subsidiaries, defined in terms of financial information standards and the ultimate controlling entity.
Name, corporate name or denomination, RFC, and address of related parties in Mexico with contractual or business relationships, including establishments, branches, premises, platforms, etc., relevant to the methodology (especially in hydrocarbons).
Name, corporate name or denomination, tax identification number, address, and country of residence of related parties abroad with contractual or business relationships.
Similar data for all related parties that may be involved in the response to the consultation.
Start and end dates of fiscal years of related parties abroad.
Currency of main transactions with related parties.
Description of the group’s business activities: background, current/future strategies and prospects; factors generating profits; transfer pricing policies; main activities of group companies (locations in Mexico/abroad), transactions with related/independent third parties, organizational structure (shareholding); consolidated financial statements of the declared year; industry analysis (national/international): behavior, evolution, size, competitors, market position, substitute goods, purchasing power, regulation, etc.; global financing schemes; description of intangibles (brands, know-how, patents, etc.), including legal owner (name, country, documentation), companies where they are accounted for (by category, e.g., marketing), companies that develop/maintain/protect/exploit intangibles (financial information by category).
Name and country of residence of group companies obtaining income/expenses with independent third parties (specify amounts).
For the applicant’s activity (detailed description or electronic files): functions performed, assets employed, risks assumed; registration of nominative shares (Art. 128 LGSM); financial and income statements for at least 3 prior years, cost/expense breakdown, statement of annual ISR returns (regular/supplementary) for 3 prior years + current; if financial statements are audited: state filing date of audit reports + receipts; contracts/agreements/conventions with related parties; operational organizational chart (names, positions from managerial level, operational/administrative areas, activity descriptions, geographic location). Persons in the chart must be authorized for notifications (Art. 19 CFF, with official ID); business strategy (including restructurings migrating functions/assets/risks); list of main competitors.
For transactions subject to consultation: detailed description of functions, assets, risks (for applicant and related parties); proposed method(s) (Art. 180 LISR), selection/rejection criteria; real/projected financial/tax information for requested years, result of applying the method; comparable transactions/companies, adjustments (Art. 179 LISR, third paragraph); step-by-step calculation of profitability indicators (formulas, numbers, truncated/rounded decimals); influencing factors (group/third-party operations, economic/political/geographic).
Specify if related parties abroad are under transfer pricing tax audit (stage, resolutions/consultations/sentences).
Digitized file: proof of fee payment (Art. 53-G LFD); documentation proving compliance with Arts. 27 frac. XIII, 76 frac. IX/X/XII, 179/180 LISR (current year + 3 prior).
Any other documentation required by the authority.
Translation to Spanish of information in another language.
Instrument to prove legal representation (notarial power of attorney/ratified power letter).
Official identification (see Annex I, point 1.2).

This procedure allows taxpayers to request from the SAT an advance resolution confirming the methodology and prices or consideration amounts in controlled transactions, ensuring compliance with the arm’s length principle. Once resolved, the resolution provides legal certainty for the requested year, the immediately prior one, and up to 3 subsequent years (extendable in cases of international treaties to avoid double taxation).

This drastically reduces the risk of fiscal adjustments, prolonged audits, litigation, and double taxation, while fostering a cooperative relationship with the tax authority.

APAs are an essential tool for providing fiscal certainty to large taxpayers in Mexico. In an environment of increasing international scrutiny (recognized by the OECD, where Mexico has excelled in APA efficiency), they enable multinationals and companies with complex operations to eliminate uncertainties, optimize tax planning, avoid multimillion-dollar contingencies, and improve predictability in investments and financial reporting. For groups with significant intercompany transactions, requesting an APA is not just a defensive option but a proactive strategy of voluntary compliance and risk management that strengthens operational stability and confidence in the Mexican tax system.

If you are considering one for your case, it is worth analyzing the cost-benefit with a specialist, as the benefit in fiscal peace usually outweighs the initial documentary effort.